Es abundante la retórica del cumplimiento del Acuerdo, pero hay signos que van en vía contraria.
En reciente intervención en el Consejo Nacional de Paz, el presidente Petro afirmó que las negociaciones no tuvieron en cuenta el panorama fiscal, que el Estado no tiene recursos para cumplir el Acuerdo y que las negociaciones estuvieron orientadas a desarmar y engañar a las Farc.
El primer punto es incorrecto. Durante las conversaciones, la delegación del Gobierno mantuvo contacto permanente con las autoridades fiscales a las cuales informaba sobre las propuestas para evitar desbordamientos ilusorios. En particular, el Ministerio de Hacienda y el Departamento Nacional de Planeación iban generando escenarios fiscales y de política pública al ritmo de la negociación. Como consecuencia de ello, firmado el Acuerdo, se estableció un Plan Marco de Implementación, se expidió el documento Conpes 3932 y se incorporó todo ello en el ‘Marco fiscal de mediano plazo’ de los años 2016, 2017 y 2018. Seis fueron las fuentes de financiación previstas para la proyección elaborada a 15 años: Presupuesto general, sistema general de participaciones, regalías, recursos de entidades territoriales, cooperación internacional e inversión privada.
Ahora bien: el llamado del presidente Petro puede ser aprovechado para evaluar cómo las proyecciones financieras tuvieron cabida real en el gasto de los diferentes gobiernos. Pero este examen induce también un ejercicio de introspección del propio gobierno actual. Porque si bien ha sido abundante la retórica sobre el cumplimiento del Acuerdo, hay signos que van en sentido contrario. El presupuesto de inversión de la Agencia para la Renovación del Territorio y la Agencia para la Reincorporación y Normalización, entidades claves en la implementación, se vio recortado en este gobierno en 46 y 16 %, respectivamente. La nueva estructura burocrática minimizó el papel de la implementación y la actividad en los territorios se ha visto disminuida. Se entiende una pausa para que el gobierno nuevo se organice, pero han pasado casi diez meses y muchas comunidades se sienten en el limbo.
Tampoco es cierto que el costo de la implementación desborde la capacidad del Estado colombiano. La misma cifra expresada por el Presidente, 150 billones, dosificada en los 15 años previstos inicialmente, arroja un resultado anual inferior al 1 % del PIB. Con los nuevos recursos tributarios, la cuestión principal más bien es la de la priorización que le concede el Gobierno a la ejecución de lo acordado.
De paso, hay una seria reflexión del Presidente sobre la reparación de las víctimas. Pero esta obedece a decisiones adoptadas por Colombia mucho antes del Acuerdo con las Farc. No debe ser cargada al balance financiero del mismo. Por cierto, aunque sería tema para otro escrito, la propuesta de acudir a la emisión del Banco de la República, aunque bien intencionada, abre un camino de desbordamiento inflacionario bastante peligroso.
Por fin, la afirmación de que a La Habana fuimos a engañar a las Farc no solo es ofensiva sino disparatada. Dibujar a las Farc como una organización representada por ingenuos que se dejaron engatusar por la delegación del Gobierno está fuera de consideración.
Este último punto produce desaliento: aun con una seria oposición de muchos colombianos, el Acuerdo no es una paz chiquita para el desarme. Es una hoja de ruta concreta para terminar el conflicto con la guerrilla más poderosa y abrir caminos para una paz estable. Recibe admiración y aplauso en toda la comunidad internacional. No podemos estar condenados a convertir en fracaso el acumulado de un país atormentado que, pese a múltiples reveses, trata de salir adelante. El jefe del Estado, sin perder su capacidad crítica, debe trabajar más en la esperanza que en la frustración.
