El senador Humberto De La Calle radica proyecto para descongestionar la justicia.
¿Descongestionar la justicia?
Actualmente, el proceso arbitral es de carácter meramente declarativo. El Estatuto Arbitral fija un límite a la justicia arbitral al establecer que la ejecución del laudo solo lo conocerá la justicia ordinaria o la contencioso administrativa, según el caso. Lo anterior, responde al modo como se ha concebido al arbitraje y al árbitro.
Tradicionalmente, se ha considerado que el árbitro debe carecer de imperium, es decir, no debe tener la facultad de disponer de poder coactivo para ejecutar sus laudos, al ser esta una expresión de soberanía estatal, porque se pone en riesgo el orden público. En este sentido, aunque se admita el carácter jurisdiccional del arbitramento, en cuanto se le atribuye la función de administrar justicia, al fin y al cabo es una forma de justicia privada y los árbitros no hacen parte de la estructura del Estado. No obstante, por las características del arbitraje nacional, se ha cuestionado si son válidas y suficientes las razones para excluir la facultad ejecutiva de los procesos arbitrales. La Corte Constitucional ha reiterado que, si el legislador dispone que, ante los árbitros habilitados por las partes en conflicto, se diriman asuntos propios del proceso de ejecución y establece las reglas de este proceso arbitral, en nada quebranta la Constitución.
El proyecto de ley incorpora el arbitraje para los procesos ejecutivos mediante la reglamentación del pacto arbitral para procesos ejecutivos, mediante el cual, las partes se obligan a someter al arbitraje la ejecución de títulos ejecutivos y las controversias derivadas del negocio subyacente a aquellos. Este proceso será institucional, proferido en derecho y tendrá por no escrito el acuerdo referido a un laudo en equidad o técnico. De este modo, se busca contribuir a la descongestión judicial. Puesto que esta figura, como mecanismo alternativo de solución de conflictos, busca establecer un procedimiento de ejecución accesible, eficiente, célere, económico, seguro y justo, que apoye eficazmente a la jurisdicción ordinaria en las acciones ejecutivas.
El proyecto contiene distintas medidas para garantizar que prevalezca el principio de la autonomía de la voluntad en la habilitación de las partes. Sobre todo, en contratos dónde existe un claro desequilibrio contractual entre aquellas, como por ejemplo aquellos con entidades del sistema financiero.
Esta figura del arbitraje para procesos ejecutivos sería una novedad colombiana, que asegura la autonomía del árbitro, pero no excluye que haya un control del Estado en cuanto se regula el procedimiento de manera rigurosa.
Material:
Articulado: 22-08-2023 – ARTICULADO PROPUESTO PARA PRIMER DEBATE – PONENCIA ARBITRAJE 2023
