Limitarse al acuerdo comercial es desaprovechar mecanismos contemplados y gastar recursos de más.
Apropósito del reciente acuerdo entre Fedegán y el Gobierno, un punto de encuentro positivo, en la Reforma Rural Integral (RRI) del Acuerdo de Paz se dejaron trazados la ruta y los mecanismos que estamos llamados a implementar en materia de tierras y que todavía son una asignatura pendiente.
Si bien la implementación del Acuerdo sufrió retrasos en el gobierno pasado, el nuevo gobierno se ha comprometido a garantizar su plena implementación. Sin embargo, aún hay puntos centrales para cumplir con este compromiso. Hay temas estructurales de la Reforma Rural Integral que exigirían un plan de choque para recuperar el tiempo perdido.
Más allá del mensaje que deja el anuncio entre Lafaurie y la ministra López, existen elementos que deben ser revisados: el Fondo de Tierras, los Pdet y los Planes Nacionales Sectoriales. El primero tenía como meta disponer de 3 millones de hectáreas durante sus primeros 12 años, que provendrían de seis fuentes diferentes. Es decir, el Fondo de Tierras no previó como mecanismo exclusivo la compra de tierras a particulares. Además, ya se cuenta con aproximadamente 1,5 millones de hectáreas disponibles. Por lo tanto, limitarse al acuerdo comercial es desaprovechar los mecanismos contemplados y gastar recursos adicionales. Las cuentas que presentó el Presidente, en las que calculó los famosos 60 billones, indujeron la idea de que sobraban los demás mecanismos. Entre ellos, la extinción judicial de dominio para tierras de ilegales que corresponden a principios que no se agotan con el tema agrario.
Por fortuna, en el texto del pacto se aclaran este y otros puntos. De paso, la jugada de Petro, en lo político, es un movimiento sagaz: se quita el sambenito de que es un expropiador, algo que incluso nos favorece a quienes hemos apoyado la Reforma.
La implementación de los municipios Pdet está en riesgo. Sin un esfuerzo entre los ministerios, lo diseñado por las comunidades se le escapará de las manos a un gobierno que ha manifestado estar comprometido con la implementación del Acuerdo. También preocupa que, a la fecha, no se ha precisado, solo anunciado, qué funciones pasarán de la Consejería para la Estabilización y la Consolidación, a la Oficina del Alto Comisionado para la Paz y tampoco se ha informado qué hará el Gobierno con las hojas de ruta trazadas en el Plan Nacional de Desarrollo (PND 2018-2022) ni cómo será su articulación con los Diálogos Regionales y el nuevo PND. La idea de adelgazar la estructura administrativa, aunque saludable, no debe generar un atasco en el que la implementación de lo ya logrado sea la afectada.
Adicionalmente, según No Enreden la Paz, antes del gobierno Petro se ejecutaban al año en los Pdet solo el 3,2 % de los recursos necesarios para su implementación. No obstante, en los primeros meses de este gobierno no son claros los esfuerzos para aumentar estos recursos. En el Senado, he presentado proposiciones para el aumento del presupuesto de los Pdet.
Finalmente, revisemos lo que ocurre alrededor de los Planes Nacionales Sectoriales. El objetivo del Acuerdo en el Punto 1 era que estos planes fueran implementados en los primeros 5 años siguientes a su firma, hoy los avances en este tema son insuficientes. Por fortuna, el Gobierno sabe que debe responder a las particularidades de los territorios rurales y plantear metas relacionadas con el cierre de brechas y la disminución de la pobreza rural que permitan así avanzar con lo pactado.
La negociación de la RRI partió de reconocer que había condiciones de pobreza extrema que han sido caldo de cultivo para la generación de violencia. Es momento de redoblar ese esfuerzo a fin de garantizar que estos pilares del Acuerdo se cumplan. No podemos seguir esperando nombramientos y decisiones cuando estamos hablando de millones de personas en el campo que han esperado décadas la llegada del Estado. Es urgente recuperar el tiempo perdido.
